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Entre el derecho y la opinión pública: ¿quién tiene la razón?

Escrito por Farid Samir Benavides
Hermanos Uribe Noguera

Farid Samir BenavidesLa absolución de los hermanos Uribe Noguera ha sido muy mal recibida. ¿Qué hay detrás de la rivalidad entre las instituciones y los medios?

Farid Samir Benavides*

Derecho vs. Opinión pública

Hace unos días, los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera fueron absueltos del presunto encubrimiento de pruebas en el crimen de la menor Yuliana Samboní cometido por su hermano Rafael.

Además de que la Fiscalía ya apeló esa decisión, muchos sectores de la opinión pública han manifestado su desacuerdo, asegurando que, como en el caso de Luis Andrés Colmenares, las instituciones judiciales están actuando en favor de los acusados porque pertenecen a la clase alta, es decir, que están obstruyendo la justicia con el fin de proteger intereses de clase.

Como no conozco el contenido de ninguno de los fallos ni las pruebas que usaron para justificarlos, no opinaré sobre ellos, pues creo que descalificar una decisión judicial va mucho más allá del caso concreto en tanto afecta la confianza que la ciudadanía deposita en la administración de la justicia. Por esa razón, en vez de opinar sobre el resultado final de este caso en particular, discutiré las ocasiones en que se presentan disparidades entre las decisiones judiciales y la opinión pública, así como la forma como los jueces toman esas decisiones.

Puede leer: La estructura social detrás de la muerte de Yuliana Samboní.

¿Es verdadera la verdad judicial?

La verdad judicial es un concepto que se discute con mucha frecuencia en el campo del derecho y también en el de la justicia transicional, evaluando, por ejemplo, el contraste que puede existir entre la verdad obtenida por una Comisión de la Verdad y la obtenida por el aparato judicial. En la actualidad, se discute sobre la validez de una y otra y no existe consenso sobre la primacía de ninguna de ellas.

Los jueces adjudican los casos, es decir, que deciden sobre disputas entre dos partes, una de las cuales puede ser el Estado mismo a través de instituciones como la Fiscalía. Dentro del proceso, hay momentos específicos para aportar las pruebas, hay pruebas que no tienen validez, otras que carecen de un valor definitivo, etcétera.

El marco de derechos que cobija a los acusados en cualquier proceso penal estipula que la carga de la prueba recaiga sobre el Estado.

El marco de derechos que cobija a los acusados en cualquier proceso penal estipula que la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y exige que se demuestre la culpabilidad de la persona más allá de toda duda razonable.

Los testimonios de oídas, los documentos no reconocidos y las declaraciones obtenidas bajo tortura son considerados pruebas inválidas en cualquier proceso penal y, por ende, no pueden llevar a la judicatura a convicción alguna.

La verdad judicial tiene estándares altos que a veces no compaginan con los tiempos de los medios.

Foto: Corte Suprema de Justicia
La verdad judicial tiene estándares altos que a veces no compaginan con los tiempos de los medios.

Principios como el de debido proceso, la presunción de inocencia y la obligación de resolver toda duda en favor del procesado operan en beneficio del acusado y en caso de que el Estado no logre alcanzar el estándar de demostración necesario, el juez o la jueza no puede afirmar la culpabilidad de la persona y, por consiguiente, no puede condenarla.

Como las dos partes tienen su propia verdad, la verdad judicial no debe ser comprendida como el resultado del combate entre ellas, sino más bien como el resultado del debido proceso llevado a cabo por la autoridad judicial. En ese sentido, la producción de verdad en el espacio judicial es sumamente compleja porque es el resultado de un trabajo de recolección y análisis de evidencia que se lleva a cabo dentro de un marco legal.

Esa complejidad no debe ser confundida con la idea equivocada de que los jueces no buscan la verdad. En realidad, los jueces no deben afirmar que una persona es responsable de un crimen si no pueden probarlo dentro del debido proceso y conforme a las reglas establecidas. En otras palabras, la autoridad judicial solo puede afirmar que una persona es responsable de un crimen cuando ese hecho ha sido debidamente probado dentro del marco legal y, en caso contrario, debe aceptar que la evidencia no es suficiente para sostener una acusación judicial.

El caso de O.J. Simpson es un buen ejemplo de la complejidad del marco legal del que hablo, pues en el proceso penal no fue hallado culpable y en el civil sí: los mismos hechos obtuvieron resultados diferentes porque los estándares probatorios y la exigencia de convicción son distintos en cada ámbito, no porque alguna de las juezas se haya equivocado. En concreto, el proceso penal es mucho más estricto que el proceso civil para demostrar la culpabilidad porque se supone que sus consecuencias son más graves.

La verdad histórica también tiene reglas de producción diferentes, pues puede basarse en testimonios de oídas, en documentos no autenticados y en otros elementos que son aceptados en ese campo, pero no en otros como el del derecho. Leora Bilsky resume este debate de forma magistral: tanto la jueza como la historiadora tienen interés en alcanzar la verdad, por tanto, la decisión será injusta si no se condena a la persona que efectivamente cometió un delito y el relato será ficticio si lo que narra no sucedió como se dice que pasó.

Puede leer: ¿Qué hacer con la justicia? Una mirada integral y sosegada.

¿Es infalible la opinión pública?

Platón nos enseñó a desconfiar de la opinión pública al sostener que la mayoría no tiene la razón solo por ser mayoría. Del mismo modo, la verdad del experto no es verdadera por la experticia de la persona, sino por el proceso de raciocinio y la argumentación que ofrece.

En materia penal, nos hemos acostumbrado a discutir las decisiones de la judicatura basándonos en la información que proporcionan los medios de comunicación. Hablamos de confesiones, de testimonios y demás evidencias sin tener en cuenta que las reglas de valoración dentro del proceso penal son exigentes.

Los jueces no deben afirmar que una persona es responsable de un crimen si no pueden probarlo dentro del debido proceso.

En consecuencia, muchas veces la opinión pública adopta una posición sobre un caso determinado utilizando información distinta de aquella que tiene la autoridad judicial. Esto no significa que la judicatura deba estar más allá del control democrático, sino que debe analizarse empleando criterios claros de racionalidad.

Sin lugar a duda, es importante que vigilemos la forma como los jueces deciden para ver si lo hacen por razones partidistas o si en sus decisiones intervienen prejuicios que no son admisibles en una sociedad democrática, como, por ejemplo, prejuicios clasistas, racistas o machistas. Sin embargo, ese monitoreo debe basarse en el conocimiento de los elementos empleados para juzgar los actos.

¿El cubrimiento que los medios le dan a algunos casos judiciales hacen decaer la confianza en la justicia?

Foto: Alcaldía de Bogotá
¿El cubrimiento que los medios le dan a algunos casos judiciales hacen decaer la confianza en la justicia?

Esto quiere decir que, en vez de lanzar opiniones sin fundamento, debemos criticar a la judicatura con argumentos sólidos que reconozcan los marcos legales que rigen los procesos a los que nos referimos, pues solo así fortaleceremos las instituciones y legitimaremos su trabajo ante la opinión pública.

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Por fortuna, un juez que decide de manera arbitraria siempre será susceptible de ser criticado sobre la base de los elementos presentes en el proceso. Pero para lograrlo, es necesario que los críticos conozcan el derecho, especialmente el derecho penal. Solo así será posible elaborar diatribas objetivas y bien fundamentadas y, sobre todo, combatir a quienes deslegitiman decisiones judiciales basándose en sus prejuicios y en su opinión.

 

* Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull – Blanquerna faridsamirbv@blanquerna.url.edu

 

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